Mendoza: Fracking e Irrigación, las mentiras que los unen

El titular de Irrigación, Agrimensor Sergio Marinelli, ha manifestado repetidamente que el agua usada en esta actividad es la llamada «agua de formación», la misma, es el agua que surge conjuntamente con el petróleo o gas cuando es extraído y que luego es separada para este uso industrial, ya que de por sí, es un agua peligrosa por su nivel de contaminación.

Pero la realidad es otra muy distinta.

Los siguientes documentos, sacados a la luz por Eduardo Sosa, ex Jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Ambiente, dirigida por Humberto Mingorance, nos ponen en conocimiento de que en informes presentados por la petrolera El Trébol, la misma ha solicitado a la DGI, cerca de 18 millones de litros de agua para la fractura hidráulica en una serie determinada de pozos.

Las autoridades del agua, le permiten la utilización de este volúmen de agua de un arroyo que se vincula a la «Laguna Llancanelo», que por éstos días viene sufriendo una de las mayores crisis si hablamos de escasez hídrica. Con un valor de $20.- (dos centavos por litro) es un precio muy por debajo que el pagan los agricultores.

Las imágenes muestran también los volúmenes de agua necesarios para la fractura, la resolución 04/18 autorizando el uso del agua del arroyo y el boleto de pago de la petrolera.

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Sosa pone de manifiesto a su vez el descubrimiento de que el boleto de adquisición de agua es de $ 61.800.- cuando la simple matemática indica que se debería pagar $ 372.840.- «advirtiendo la diferencia, observo que en realidad se trata de otro proyecto de fractura hidráulica por el que la empresa pagó ese valor por 6.000m3 o 6 millones de litros, a razón de 1 centavo el litro…!!!» Recuerden que seguimos hablando de agua de un arroyo que baja de la montaña, apta para el consumo humano y quizá mejor que muchas de las aguas embotelladas. Es decir, la empresa adjunta otro boleto de pago, total sabe que nadie se dará cuenta del error, y quizá ni siquiera haya pagado el agua que consume, agua de todos los mendocinos. destaca Sosa.

Destaca también que la Resolución 249/18 obliga al solicitante a demostrar que dentro del yacimiento no posee la suficiente agua de formación antes de pedir el agua a Irrigación, cosa que no figura en el expediente y aun así fue otorgada.

En síntesis, los funcionarios de cargo político de Irrigación nos mienten y deberían renunciar, previa denuncia penal por abuso de autoridad y falsedad ideológica; dictamina Eduardo Sosa.

Fechas que no coinciden, una mentira más expuesta.

Petrolera El Trebol (PET) declara que la primera fractura se realizó entre el 28/11 y el 4/12 de 2016, pero en los registros de la Dirección de Protección Ambiental se anuncia la habilitación del fracking en julio de 2017 (Res. 813/17 de la DPA).

Las fechas no coinciden y dejan el interrogante abierto: ¿Mintieron las autoridades y en secreto ya habían aprobado proyectos de no convencionales?, o ¿la empresa escondió información a las autoridades?. A decir del ex titular de Oikos, y de cualquier ciudadano, ésto amerita una investigación administrativa de la Fiscalía de Estado.

Siguen los interrogantes acerca de la no coincidencia de fechas entre la aprobación del fracking como sistema extractivo ya que, antes de El Trébol, la petrolera Repsol-YPF, perforó un pozo en el año 2006, luego otro en 2008. En 2012 vino GRECOIL con otros dos pozos, y en 2012 con una YPF ya nacionalizada, siguió con la producción.

Es decir, el fracking pisaba nuestro suelo desde 2006, (11 años antes de que fuera permitido por el gobierno), sin que tuviéramos conocimiento alguno.

Sosa se pregunta y nos sumamos a su interrogante: ¿Fue un ardid entre las empresas y las autoridades ambientales?, ¿Las empresas le escondieron información al Gobierno?, ¿o el gobierno decidió no difundir la información para evitar protestas sociales?.

Es notoria la necesidad de la intervención del Fiscal de Estado para aclarar este entuerto que, una vez más, salpica a las autoridades de Ambiente e Irrigación del gobierno provincial; y que de esa intervención surjan las investigaciones a los funcionarios políticos y las compulsas penales correspondientes, de ser necesarias, a los funcionarios técnicos.

Una credibilidad floja de papeles.

Después de las marchas de las Fiestas de Fin de Año por la 7722, el gobierno provincial y varios de sus municipios satélites, principalmente Ciudad, dieron un auto tinte verde a sus acciones. También durante todo el proceso de imposición de la 9209, repitieron a viva voz que ellos podían dar garantías en la inspección y vigilancia de los procesos mineros. Un par de años atrás hicieron similar tarea en pos de instaurar el fracking, cosa que fue «decretada» y no sujeta a deseo popular.

El gobierno, dice estar comprometido con el medio ambiente, cosa que suena a falsa cuando al mismo tiempo persigue a manifestantes de las Asambleas con multas de 70.000 pesos y suelta a sus mercenarios periodísticos al grito de «Ecoterroristas» contra todo aquel que no actúe u opine en consecuencia de los deseos de un gobierno que ya es sospechado de una insana connivencia con las empresas mineras y petroleras, en contra del deseo popular y jugando con un recurso que se agota y es de vital importancia para la supervivencia de la gente, el agro y el turismo.

José Luis Bonomi

Con información publicada por Eduardo Sosa

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