Aspectos sociológicos sobre ambiente y minería en Mendoza

Por los doctores Paula D’Amico, Gabriel Liceaga y Jorge Ivars – UNCuyo. Conicet.

Esta reflexión constituye una respuesta a la nota publicada por este diario el 18 de enero, escrita por la magister Natalia Casadidio. Deseamos poner de manifiesto la debilidad del planteo, puntualizando en algunas dimensiones claves para entender lo que ocurre en Mendoza en relación con la minería a gran escala. 

Casadidio sostiene que el pueblo mendocino desconoce la legislación ambiental, en particular la ley 7.722 y su modificación y, aun así se manifiesta en contra, actuando casi como un “zombie” ambientalista. A raíz de esto afirma sentirse defraudada como mendocina porque el pueblo, ignorante se opone a la minería sin entender de qué se trata. 

En primer lugar, debe resaltarse el nulo rigor sociológico del planteo, expresado en las fuentes utilizadas (la supuesta ignorancia del pueblo estaría comprobada sólo por un sondeo realizado por Casadidio en redes sociales y entre sus conocidos) y en su desconocimiento de un fenómeno de masas que desbordó toda previsión. Ante ello cabe señalar que desde hace 15 años se realizan actividades formativas en toda la provincia sobre la actividad minera; que existe un sólido movimiento socio-ambiental reunido en numerosas organizaciones; que la movilización más importante de la historia reciente fue precisamente en defensa de la ley 7.722.

¿No es soberbio y estigmatizante pensar que más de 50.000 personas movilizadas no tenían idea de porqué lo hacían? 

Por otra parte, Casadidio, califica los argumentos de la diputada Chazarreta, que vinculan la minería a gran escala con la trata de personas y la prostitución, como “un relato extremo”. Sin embargo, existe abundante literatura sobre este tema. Las mujeres que habitan los territorios mineros y petroleros están expuestas a riesgos y amenazas, los cuales están ampliamente documentados en dicha literatura e incluso en las evaluaciones de impacto ambiental suministradas por las consultoras vinculadas al sector, que la autora seguramente conoce.  

Planteamientos como el de Casadidio -cientificista, sólo en apariencia- no son novedosos. La conflictividad socioambiental, según este parecer, sería consecuencia de la ignorancia. Sin embargo, la experiencia indica lo contrario. Estas disputas no sólo atañen aspectos técnicos -de por sí, discutibles-, sino también contenidos políticos y culturales que permiten entender los diferentes puntos de vista puestos en juego y las asimetrías de poder de los actores involucrados. Esto ha sido estudiado rigurosamente por numerosos investigadores/as vinculados/as con instituciones científicas. 

La aparente contradicción “criticamos la minería pero no renunciamos a bienes que utilizan minerales” es un argumento endeble y tramposo y, peor aún, obtura el debate sobre aspectos que sí son relevantes, como el lugar estructural de América Latina en la división internacional del trabajo en tanto proveedora de materias primas. Si no atendemos a esto, ¿cómo se explica que el crecimiento exponencial de la extracción de minerales en la región esté concentrado en cinco empresas trasnacionales y se oriente casi exclusivamente a la exportación? 

Por último, Casadidio se pregunta por qué los impactos ambientales de la vitivinicultura no son igualmente cuestionados como los de la minería. Cabe aclarar que, al contrario de lo afirmado por la autora, hace años que no se utiliza ferrocianuro en la producción vitícola y, además, a nivel nacional se prohíbe el cianuro para usos agropecuarios. Pero no se trata de lo técnico en estricto sentido, porque el cuestionamiento se dirige más bien a impugnar o descalificar: “si critican la minería, deberían también criticar otras actividades que dañan el ambiente” ¿Podemos saber de antemano cuáles serán los efectos de la movilización por la defensa de la 7.722? La agenda ambiental local parece ampliarse y comienza a cuestionar la fractura hidráulica o la apropiación de cursos de agua por parte de empresarios locales. Para nosotros, la movilización popular que restituyó la vigencia de la ley 7.722 no representa ninguna defraudación porque generalmente no son “los expertos” los que marcan el ritmo de los acontecimientos sociales y, sobre todo, porque representa un amplio, espontáneo y democrático pronunciamiento sobre una vida mejor, por lo cual no puede ser sino un signo de esperanza y alegría.  

Fuente: Los Andes

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